Los editores franceses demandaron el jueves ante la justicia al gigante estadounidense Google por haber lanzado un programa masivo de digitalización de libros sin previa autorización.
Google, por su parte, pone en entredicho que la justicia sea competente para juzgar este caso y defiende el derecho a la información de los usuarios.
El grupo La Martinière, que controla la editorial Seuil, el Sindicato Nacional de la Edición (SNE), que reúne 530 editoriales, y la Sociedad de Gente de Letras (SGDL) atacan a Google Francia y a la casa matriz Google Inc. por "falsificación". Dicen que no respeta los derechos de autor con su programa de búsqueda de libros de Google.
Yann Colin, abogado de La Martinière, pidió el cese de la digitalización de libros por parte de Google sin autorización previa y una multa de 100.000 euros diarios por cada infracción constatada y 15 millones de euros en daños y perjuicios.
"Este tipo de arrogancia que consiste en tomar nuestros libros y digitalizarlos sin pedir autorización, no es posible", afirmó indignado Hervé de La Martinière, presidente del grupo La Martinière, que presentó la demanda.
Los editores impugnan la decisión de Google de lanzar en 2006 un programa de digitalización de millones de libros procedentes sobre todo de las grandes bibliotecas estadounidenses y europeas.
La abogada de Google, Alexandra Neri, insistió por su parte en que "la búsqueda de libros de Google no es una biblioteca, sino un instrumento de búsqueda documental", que no cuelga en la Red más que breves fragmentos de obras ateniéndose al derecho de cita, en virtud del cual el operador no está obligado a pagar derechos de autor.
Ironizando sobre "el fantasma general de que Google gana dinero a costa de los autores y de los editores", la abogada puso en duda la competencia de la justicia francesa para juzgar este expediente.
Como la digitalización de los libros tiene lugar, según ella, en Estados Unidos, "se aplica la ley estadounidense". Un argumento contra el que se alzó el abogado de La Martinière, que "pidió al tribunal que resuelva el problema para Francia".
Con este proceso, los editores franceses esperan fijar "bases jurídicas sólidas", antes de lograr eventualmente un acuerdo con Google.